ejem03

27 Nov ¿Debe la OSE continuar con el subsidio al agro?

Días atrás la población de Montevideo se encontró con que el agua provista por la OSE tenía “mal gusto y olor”. Ante esta alerta de la población, la OSE reaccionó comunicando que se debía a la presencia de algas, que el agua era potable y que se habían tomado medidas correctivas. Como se explica más abajo, dadas las mediciones de calidad de agua realizadas desde hace ya algunos años en la cuenca, lo sucedido no debería resultar una sorpresa para la OSE y las medidas correctivas adecuadas no se pudieron tomar de la noche a la mañana.

Las algas se generan por una acumulación de nutrientes en el curso de agua. Esos nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, provienen fundamentalmente de actividades agrícolas en la cuenca. Ante eventos de lluvia esos nutrientes son “lavados” hasta llegar al río. Los nutrientes que en principio estaban destinadas a favorecer el crecimiento de los cultivos terminan favoreciendo el crecimiento de algas, algunas de las cuales pueden resultar tóxicas.

Hace unas tres décadas en la ciudad de Nueva York se lanzaron advertencias respecto a la calidad del agua y requisitos de hervirla previo al consumo. Esto se debía a la contaminación de fuentes agrícolas y algunas de fuentes urbanas en la cuenca. Sus 9 millones de habitantes dependían del agua proveniente del norte del estado (Catskill y Delaware). En 1989 la EPA (Agencia de Protección del Ambiente) había comenzado a requerir la filtración de las fuentes de agua. Se podía establecer una excepción a este requisito si se lograba proteger la cuenca de la cual provenía el agua, de manera de que funcionara adecuadamente la filtración natural.

Los tomadores de decisión de la ciudad de NY se encontraban frente al dilema de comprar una planta de filtración con un costo de 6 mil millones de dólares (más 300 millones por año para operarla) o comenzar un proceso de manejo, negociación y mejora de la situación en la cuenca. La EPA le otorgó la excepción a la ciudad de NY con la condición de que tal mejora se lograra. Como resultado de un largo proceso, que incluyó compra de tierras, negociación y restauración de espacios naturales, se ha logrado un manejo de la cuenca que garantiza la calidad del agua y genera otros beneficios ambientales.

En los últimos años la OSE ha manifestado en varias ocasiones que planea o tiene en curso inversiones millonarias para plantas de filtración. El caso del año 2010 cuando se detectaron crecientes niveles de atrazina (proveniente de agroquímicos) en el agua y la última aparición de algas en que se volvió a hablar de la necesidad de nuevos filtros con costos de decenas de millones de dólares, o incluso de plantas de desalinización son dos ejemplos. Esta última opción de un altísimo costo y alto consumo de energía, por lo tanto poco estratégica en un país que debe continuar mejorando la generación y la eficiencia en el consumo de energía. Esta reacción de parte de la OSE es absolutamente comprensible.

La OSE tiene bajo su responsabilidad el proveer agua potable y si bien es consciente de que existen otras opciones, debe considerar las medidas que están bajo su control para cumplir con esa obligación. Claro que al mismo tiempo la OSE, como organismo del estado, debería explorar todas las alternativas existentes. Una de ellas, a mi juicio la más interesante, es manejar la cuenca para obtener de ella varios beneficios simultáneos. El hecho de que reaccione automáticamente hacia una solución “ingenieril” es natural (disculpen el juego de palabras), pero preocupante ya que esta situación no es nueva y la solución no es definitiva.

El monitoreo de la calidad del agua del Santa Lucia muestra lo poco sorpresivo que de la situación actual. En Uruguay, donde el monitoreo de la calidad del ambiente es deficitario, la cuenca del Santa Lucía es una excepción. Existe una red de monitoreo de la calidad del agua en gran parte vinculada con un proyecto de la cooperación japonesa ya finalizado. Si tomamos los resultados de 2011 y nos concentramos en los niveles de nutrientes encontrados en el agua vemos que los de nitrógeno superan en algunos casos los establecidos por la normativa y los de fosforó explotan con respecto a la normativa. De acuerdo con la normativa vigente los niveles permitidos de fosforo son 25ugP/l pero se planea aumentarlos a 100 ugP/l. En todo el 2011 ninguna medición está por debajo de esos límites. De hecho existen varias mediciones superiores a 1000ugP/l (9300 ugP/l en arroyo Canelones Chico y 12900 ugP/l en Canelones Grande por ejemplo). Ante este panorama es poco sorprendente que se dé la situación actual.

El Ministro Beltrame asegura que el problema del agua “requiere una construcción que no se resuelve en un momento y exige juntar voluntades”. Esto es muy cierto, pero esa construcción debió comenzar un largo tiempo atrás. Las advertencias sobre calidad de agua no son nuevas y han sido lanzadas por sociedad civil y academia en el pasado.

Vayamos a los orígenes de la contaminación. Los productores agropecuarios explotan la tierra para obtener cultivos y con ello un beneficio económico. En el proceso de obtener ese beneficio económico contaminan un bien de uso público como es el agua. Partamos de la base lógica de que el productor agropecuario quiere maximizar sus ingresos y no obtiene ningún beneficio de contaminar el agua. Podemos concluir entonces que no contaminar el agua tiene un costo para el (porque hace necesario un tratamiento o por tener que usar menos agroquímicos). Ese costo está siendo transferido a la sociedad, que lo paga por intermedio de OSE y las plantas de potabilización. También lo paga por problemas en la salud y otras consecuencias de la contaminación, pero aquí nos centramos en la transferencia de recursos que la OSE hace indirectamente a los productores agropecuarios al comprar la planta potabilizadora. Esa planta potabilizadora le permite a la OSE seguir proveyendo agua potable y al productor seguir contaminando.

¿Debe la OSE (la sociedad en su conjunto) continuar este subsidio al agro? Uno se ve tentado a responder que no, es sencillo y popular. La respuesta en mi opinión es si, pero de forma consciente, abierta, planificada y con resultados múltiples programados y monitoreados.

La cuenca del Santa Lucia tiene una variedad de productores, no estamos subsidiando a grandes terratenientes (eso sucede en otras partes del país). El dueño de la tierra tiene el derecho a hacer uso de la misma y el deber de hacerlo dentro de ciertos parámetros. Al limitarle el derecho de uso el estado debería pagar una compensación o incluso expropiar el predio. Imaginen por un momento a dos productores, uno con un predio en la cuenca y otro con un predio fuera de la cuenca. Ambos compiten en el mercado por colocar sus productos, si el productor de la cuenca debe hacerlo con determinadas restricciones que no tiene el otro productor, es posible que su ganancia sea menor que la de aquel que está fuera de la cuenca. Si no se lo compensa, estaríamos ante un productor que subsidia la provisión de agua a la población.

No se trata de indiscriminadamente comenzar a hacer pagos a productores. Esto requiere un proceso de dialogo y planificación que, si ha existido, aún no ha mostrado sus frutos. En esta planificación existirán predios que deberán ser expropiados, predios que verán limitados y regulados sus usos con compensaciones y todos deberán ajustarse a la legislación existente.

Los predios a expropiarse probablemente serán los más cercanos a los cauces y en muchos casos tras una restauración o manejo pueden actuar de filtros naturales. Estos predios además se transforman en espacios de protección de la naturaleza. Los parques naturales modernos cumplen muchas funciones, entre ellas las de protección de la naturaleza, la recreación y el mantenimiento de la calidad del agua. El estado puede estar al mismo tiempo garantizando la calidad del agua, proveyendo lugares de recreación en contacto con la naturaleza y aumentando el porcentaje de tierras dedicadas a la protección de la biodiversidad, porcentaje actualmente raquítico en Uruguay.

Los predios que recibirían compensaciones o pagos por servicios ambientales deberán modificar sus prácticas productivas e incluir algunos manejos específicos en sus predios. Si esa modificación de prácticas resulta en una baja en la rentabilidad respecto a otros productores (que respeten la legislación vigente), la diferencia en rentabilidad será el pago que recibirán por el servicio ambiental que sus predios prestan. En algunos países ese monto de pago por servicios ambientales se incluye en la factura del agua de los consumidores.

Es posible que al final del ejercicio nos encontremos con que la sociedad en su conjunto ha ahorrado recursos y que los pagos de compensaciones y expropiaciones pueden resultar menores que los costos de compra de filtros, mantenimiento, utilización, etc.

La situación de la cuenca del Santa Lucia está lejos de ser única en Uruguay. Las lagunas costeras, algunas de las cuales son fuente de agua, están sufriendo procesos de eutrofización desde hace varios años, en algunos casos con aparición de algas toxicas. Lo mismo sucede en lagunas artificiales, embalses y varios cursos de agua en todo el país. La definición en Santa Lucia es urgente y también marcará ejemplos a seguir en el resto del país.

El trabajo a realizarse obviamente no es tarea de la OSE. El resto de las instituciones públicas responsables no pueden seguir descansándose en OSE y sus soluciones ingenieriles. El MVOTMA, el MGAP, el MTOP y las intendencias deben trabajar en forma coordinada para encontrar soluciones de largo plazo a la situación del agua en el país.

La disponibilidad de agua en Uruguay no es la que nos enseñaban en la escuela hace 30 años, existen conflictos sobre el uso y problemas de calidad en todo el país. Los enfoques puramente ingenieriles nos compran tiempo, pero tienen un alto costo y son temporales.

No Comments

Post A Comment